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¿Quiénes son los tres nuevos funcionarios de Nicaragua sancionados por EEUU?

Los tres nuevos funcionarios son el presidente interino del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell; el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López; y el subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; así como a su consuegro Francisco Díaz y jefe de la Policía Nacional; y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.

Otros allegados a Ortega sancionados son su asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau; el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; y el titular de la Asamblea Nacional y líder sindical, Gustavo Porras.

También la exministra de Salud Sonia Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica; el titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo; el expresidente del CSE Roberto Rivas; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

El 20 de diciembre del año pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la “Nica Act” que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

EL “COMANDANTE GUERRILLERO”

– Lumberto Ignacio Campbell Hooker. El presidente interino del Poder Electoral, de 70 años, es un antiguo “comandante guerrillero” que fue elegido magistrado electoral por la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, en abril de 2014, y es hermano del actual embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell.

Nacido el 3 de febrero de 1949, se integró al FSLN a sus 19 años, participó en la lucha armada contra la dictadura de los Somoza, y durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) fue funcionario de alto rango en la ciudad de Bluefields, en el Caribe, de donde es originario.

Estados Unidos lo señala de estar involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que Ortega y sus aliados ganen elecciones.

Ligia Gómez, exalto cargo del Banco Central de Nicaragua, dijo el año pasado ante el Congreso estadounidense que Campbell fue uno de los ejecutores de la orden de la vicepresidenta Murillo de responder “con todo” a las protestas antigubernamentales.

EL CAPITÁN RETIRADO

– Roberto José López Gómez. Es un médico y capitán retirado que fue nombrado al frente del INSS desde enero de 2007, cuando Ortega retornó al poder.

Una impopular reforma a la seguridad social fue el detonante de las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 en Nicaragua y que han dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.

Estados Unidos acusa a López, miembro de la sandinista Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), de participar en una serie de transacciones que involucran prácticas engañosas, apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, así como corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno.

El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno, y ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, según el Departamento de Estado.

EL POLICÍA “REPRESOR”

– Ramón Antonio Avellán Medal. Graduado como docente, fue bombero y “guerrillero” antes de ingresar a la Policía Sandinista que luego pasó a llamarse Policía Nacional, de la cual es su subdirector y es considerado por los opositores como uno de los máximos represores de las manifestaciones.

Avellán dirigió la denominada “Operación Limpieza” en la ciudad de Masaya, al suroeste de Managua, uno de los focos de resistencia durante las protestas callejeras contra el Gobierno.

Washington señala al jefe policial de cometer actos significativos de violencia, violación de derechos humanos, aplicar medidas represivas, realizar arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales.

Foto: Fuente externa

FUENTE: https://noticiassin.com

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